Tierras Fiscales en Argentina: Cuando el estado es el problema, el mercado es la solución

I. El mito de que el estado “administra” la tierra en nombre de todos

El estado argentino, autoproclamado custodio del 10% del territorio nacional (27,6 millones de hectáreas), se presenta como garante del bien común. La realidad es otra: opera como una inmobiliaria opaca al servicio de elites políticas, grandes corporaciones y clientelas territoriales. Hablan de sostenibilidad, pero entregan tierras a precio vil. Claman justicia social, pero los datos muestran concentración, corrupción y expoliación de recursos.

Radiografía 2024:

• 16,5 millones de hectáreas arrendadas a actividades agropecuarias (60%).

  
  

• 3,2 millones para urbanización, en su mayoría electoralista.

  
  

• 2,7 millones en supuesta conservación.

  
  

• y un 18% sin uso declarado.

El 1% de los titulares concentra 8,5 millones de hectáreas arrendadas. En lugar de un mercado abierto, tenemos feudos estatales disfrazados de política pública.

Casos de distorsión de precios:

• En La Pampa, el Estado alquila tierras a $10/hectárea/año. El mercado pagaría 50 veces más.

  
  

• En Vaca Muerta, a las petroleras se les cobra $50 por hectárea cuando el valor privado es de $1.200. Subsidios disfrazados, pagados por los ciudadanos productivos.

  
  

II. Una historia de privilegios, no de derechos

Desde la colonia hasta hoy, el Estado ha usado las tierras fiscales para premiar aliados, castigar disidentes y consolidar poder:

• 1884: La Ley de Tierras entrega 41 millones de hectáreas a la oligarquía. Nada de justicia, sólo saqueo legal.

  
  

• Siglo XX: Reformas estatistas fracasadas (Perón), corrupción petrolera (dictaduras), y privatizaciones dirigidas (años 90).

  
  

• Siglo XXI: El estatismo moderno combina marketing verde con extractivismo subsidiado.

La Ley 26.737 (2011) prometió frenar la extranjerización, pero habilitó testaferros nacionales. El Decreto 820/2016 creó un Registro de Tierras que sigue sin transparencia. En los hechos, las decisiones se negocian en despachos u oficinas para estatales, no en mercados abiertos.

III. El aparato estatal como garante de corrupción y represión

La administración pública de tierras es una red burocrática que opera bajo un barniz digital. Mapas interactivos, promesas de transparencia y plataformas gubernamentales son sólo decorado. En los hechos:

Formosa (2024): 5.000 hectáreas para energía solar entregadas a consorcios extranjeros sin licitación abierta.

Chubut: 3.000 hectáreas de parques eólicos adjudicadas a dedo, mientras comunidades mapuches son ignoradas.

- Extensión total: 27,6 millones de hectáreas (10% del territorio nacional).

- Distribución por uso:

Uso	Hectáreas (millones)	% del total
Arrendamientos agropecuarios	16,5	60%
Conservación	2,7	10%
Urbanización	3,2	12%
Sin uso declarado	5,2	18%

(Fuente: RNTR, 2024)

- Desigualdad radical:

- El 1% de los titulares controla 8,5 millones de hectáreas fiscales (36% del total arrendado).

- Comparación internacional: En Nueva Zelanda, el 35% de las tierras fiscales se arriendan a pequeños productores; en Argentina, el 72% va a grandes empresas. (FAO, 2023).

¿Justicia social? No. Es concentración patrimonial vía planificación central.

Flujo de tierras fiscales a amigos del poder (2015-2023)

Sector	Hectáreas adjudicadas	Beneficiarios destacados
Agroindustria	4,2 millones	Grupo Grobocopatel (soja)
Energía	1,8 millones	Shell, Pan American Energy
Urbanización	0,9 millones	Empresas K vinculadas a intendentes
Pueblos originarios	0,1 millones	12 comunidades mapuches

(Fuente: RNTR y FARN, 2024)

IV. Propuestas desde la libertad: cómo liberar la tierra del Estado

1. Blockchain y descentralización

Eliminar el monopolio estatal sobre los registros de propiedad. Usar sistemas basados en blockchain y contratos inteligentes para asegurar trazabilidad, transparencia y titularidad legítima sin burócratas.

2. Mapas como bienes privados

La información catastral debe estar en manos de empresas privadas en competencia. Ejemplos como LandGrid en EE.UU. demuestran que los datos abiertos con fines de lucro funcionan mejor que las promesas estatales.

3. Subastas reales, no favores políticos

El Estado debe salir del negocio del arrendamiento. Las tierras públicas deben subastarse en plataformas abiertas, con precios definidos por el mercado. Como en Nueva Zelanda, donde pequeños productores acceden bajo reglas claras.

4. Titularización comunitaria legítima

La propiedad no nace del decreto, sino del uso legítimo. Las comunidades originarias que viven y trabajan la tierra deben acceder a títulos, no por decreto estatal, sino por principio rothbardiano de homesteading.

5. Sustentabilidad basada en incentivos

No más burócratas "verdes". Auditorías ambientales realizadas por aseguradoras y certificadoras privadas como SGS, si hay entes publicos que compitan por brindar el mejor servicio al menor precio. Si contaminás, te suben la prima. Incentivos, no prohibiciones.

V. Conclusión: el Estado no debe administrar tierras, debe dejarlas libres

Lo que hoy llamamos "tierra fiscal" es un botín estatal. Es propiedad sustraída por el poder político a la sociedad civil. En vez de permitir que las personas produzcan, innoven y vivan de su trabajo, se somete la tierra a criterios políticos, privilegios corporativos y control burocrático.

La única solución no es más Estado, sino menos: descentralización radical, libre mercado y propiedad privada. Porque como dijo Hayek: “El sistema de precios es un instrumento de libertad, y todo intento por reemplazarlo nos acerca a la servidumbre”.